¿LOS CAUDILLOS ERAN LOS BÁRBAROS?
Por Pacho O'Donnell | Imágenes: Archivo
Cuando se produjo la Revolución de Mayo los “notables” o “decentes” de Buenos Aires se consideraron herederos naturales y únicos del puerto, es decir de las rentas que producía su Aduana, los únicos ingresos significativos de las flamantes Provincias Unidas del Río de la Plata, como entonces se llamaba a lo que a la larga sería nuestra Argentina.
Concebían a Mayo como un movimiento municipal al que debían integrarse las demás provincias, cuyos habitantes eran considerados por la dirigencia porteña como “bárbaros”, condenados a la ignorancia por los largos años de despiadada colonización, por lo que su único aporte reconocible era constituir la soldadesca de los ejércitos patriotas pero negándoles en la práctica toda capacidad estratégica o intelectual. Salvo aquellos provenientes de la clase dominante provincial como el del cordobés deán Funes, en un principio, o del puntano Pueyrredón, poco más adelante, quienes terminaron “aporteñándose”, absorbidos por los tejes y manejes de los logistas (integrantes de la sociedades secretas ligadas a la masonería), de los rivadavianos (unitarios luego rebautizados liberales –lo eran en lo económico pero autoritarios en lo político–) o de los directoriales (partidarios de la autoridad única y supraprovincial del Director Supremo).
En consecuencia para muchos, que comenzaron a identificarse como “unitarios”, la idea de la construcción del concepto de Nación y la necesaria eficiencia revolucionaria para consolidarla estaban unidas a la “inevitabilidad” del poder político centralizado en una casta de “posibles” porteños y sus asociados del interior. La oposición a esta actitud, perjudicial para los intereses de las provincias y principalmente de sus sectores populares, plasmó en una tendencia política, en una serie de principios que constituyeron el “federalismo” o doctrina de los estados libres en un Estado nacional no centralizado políticamente. En íntima relación con este surgimiento se asocia la figura de los caudillos cuyo liderazgo surgía naturalmente de una plebe que se sentía representada por ellos.
El puerto no sólo recaudaba y no compartía sino que a su antojo podía disponer que los productos importados no pagasen impuestos con lo que perjudicaba a las artesanías e industrias provinciales. El Gobierno de Buenos Aires, presionado por los ingleses y los comerciantes, autoriza en 1811 la libre exportación de oro y de plata amonedados. Esta medida no sólo descapitaliza al país, sino que eleva los precios de los artículos de consumo. Ya en el primer Triunvirato, cuyo inspirador es su secretario Rivadavia, se permitirá el ingreso al país del carbón europeo, se rebajarán los derechos aduaneros para los tejidos extranjeros y se abrirán las puertas de la aduana a numerosos artículos que entraban en competencia ruinosa con los productos de nuestras industrias territoriales. Los comerciantes extranjeros eran, a su vez, igualados en derechos con los comerciantes criollos. Se sancionaba de este modo la preeminencia del capital comercial inglés sobre Buenos Aires y del poder económico del puerto sobre el Interior. Mayo había sido copada por los oligarcas iluminados de Buenos Aires, identificados con los intereses del imperio británico.
Un poncho inglés de libre importación, por ejemplo, costaba tres pesos mientras el mismo artículo elaborado en telares criollos alcanzaba los siete pesos. Si una vara de algodón británico se compraba a un real y medio, el chaqueño o misionero a dos y tres cuartos. “Los productos de las ferreterías de Sheffield, de las alfarerías de Worcester y Staffordshire y de los telares de Manchester inundaban irresistiblemente el mercado argentino, con la imitación exacta y estandarizada de los artículos criollos” (J. Álvarez).
Esta circunstancia no era nueva, se arrastraba desde la época de la colonia, como lo demuestra una carta del síndico del Consulado, Yánez, al virrey Cisneros, en 1809, alegando a favor del monopolio comercial de España y en contra de la libertad de comercio, rescatada por J. M. Rosa: “Sería temeridad querer equilibrar la industria americana (colonial) con la inglesa. Estos sagaces maquinistas nos han traído ya ponchos, que es el principal ramo de la industria cordobesa y santiagueña, y también estribos de palo al uso del país. Los pueden dar más baratos y por consiguiente arruinarán nuestras fábricas y reducirán a la indigencia a una multitud de hombres y mujeres que se mantiene con sus hilados y sus tejidos, en forma que donde quiera se mire no se verá más que desolación y miseria”. Producida la Revolución de Mayo y el fin del dominio español, los “decentes” porteños no modificaron esta situación sino que sustituyeron a la metrópoli colonial que había concentrado la salida del comercio de todas las provincias en el puerto de Buenos Aires para de esa manera hacer más efectivo el control monopolista.
El caudillo era alguien investido de poder y prestigio por los suyos que reconocían en él a un líder que era capaz de conducirlos eficazmente en la lucha por intereses o principios que compartían. Nuestra historia liberal, plasmada por los unitarios vencedores en la guerra civil, los condenó al sótano de sus “malditos”, pintándolos como bárbaros, crueles e ignorantes, castigándolos en la memoria colectiva de argentinas y argentinos por su oposición a los “civilizados”, en la disyuntiva planteada con su habitual brutalidad semántica por Sarmiento. Lo cierto es que la escasa base económica de su accionar, por las razones apuntadas, hacía que la posibilidad de financiar sus montoneras y sus necesidades en armas, animales y bastimentos se basara en la imposición de fuertes contribuciones obligatorias en los territorios que dominaban, como así también al saqueo, que muchas veces funcionaba como la paga a sus hombres.
Pero su barbarie no sería mayor que la de sus enemigos, que también exprimían y saqueaban, y en algunos casos fueron insólitamente humanitarios, como haber conservado la vida de su principal enemigo, el jefe de la Liga Unitaria, José María Paz, luego de caer prisionero de Estanislao López, quien lo enviaría a Buenos Aires para que Rosas decidiese sobre su suerte.
La lucha de los unitarios de la ciudad-puerto que aspiraba a ser Europa contra los provincianos fuertemente arraigados en lo criollo tenía también claras connotaciones de lucha de clases, como lo atestiguaría el lúcido caudillo santiagueño Felipe Ibarra el 16 de julio de 1831 al justificar un impuesto a los “decentes” de la capital provincial “para hacer que la pensión gravite únicamente sobre personas que espontáneamente se prestaban a no omitir sacrificio alguno a fin de sostener la anterior administración, cuyo manejo abolía la justicia social y destruía la especie humana”. Todo indica que es esta la primera oportunidad en que en nuestra historia aparece el concepto de “justicia social”.
También Sarmiento, cuya condición de vocero implacable del porteñismo le ganaría el apodo de “profeta de la Pampa” a pesar de haber nacido en los Andes sanjuaninos, confirmaría el clivaje social de nuestras guerras civiles, en un discurso en el Senado en 1866: “Cuando decimos ‘pueblo’ entendemos los notables, activos, inteligentes: clase gobernante. Somos gentes decentes. Patricios a cuya clase pertenecemos nosotros, pues no ha de verse en nuestra Cámara ni gauchos, ni negros, ni pobres. Somos la gente decente, es decir, patriota”. Eran los unitarios de siempre que por entonces se habían rebautizado como “liberales”, aunque su similitud con los liberales europeos se agotaba en lo económico por cuanto en lo político fueron violentos y tiránicos en la medida necesaria para imponer sus ideas y sus intereses.
Es cierto que algunos caudillos no brillaron por su formación cultural, tal el caso de Francisco Ramírez, quien por eso mismo, quizás, hizo de la educación una de sus grandes preocupaciones como gobernante. Otros como Juan Bautista Bustos y Alejandro Heredia eran militares de carrera; el segundo, además, graduado en leyes. La correspondencia de Juan Facundo Quiroga revela un espíritu sutil y una redacción refinada. Estanislao López estaba lejos de ser una inteligencia tosca y se propuso organizar institucionalmente su estado y promovió en 1819 la sanción de una Constitución provincial, decididamente democrática y federal.
En 1819 el Congreso Nacional que sesionaba en Buenos Aires luego de trasladarse desde Tucumán, mientras enviaba emisarios secretos a negociar con el emperador portugués en Río de Janeiro la incorporación de las Provincias Unidas al Imperio, también a la corona francesa urdiendo la entronización de un príncipe europeo en el Río de la Plata, como lo veremos en otros capítulos.
Los caudillos no fueron ángeles ni diablos. Fueron personalidades capaces de encarnar el signo de su época: la oposición más o menos organizada de algunas provincias contra la obsesión porteña por enviar ejércitos que las sujetaran, por entronizar príncipes extranjeros, por dictar reglamentos y constituciones cuyo objetivo era acerar el privilegio de Buenos Aires y privar a los pueblos del Interior de alguna participación en los beneficios del puerto y su aduana, por ser indiferente al perjuicio que el libre comercio y la introducción sin recargos de mercadería industrializada en países europeos producía en las rústicas economías del Interior. También por considerarlos enemigos a destruir cualquier fuese el método, como fue desviar en su contra ejércitos armados para enfrentar a los realistas como fue el caso del caudillo salteño Miguel Martín de Güemes o llegar a inicuos acuerdos con el invasor portugués con tal de aniquilar al oriental José Gervasio de Artigas.
Este, ya anciano, al recibir en su retiro paraguayo de Curuguaty la visita del general José María Paz, le explicó su versión de la inquina porteña en su contra: “Yo no hice otra cosa que responder con la guerra a los manejos tenebrosos del Directorio y a la guerra que él me hacía por considerarme enemigo del centralismo, el cual sólo distaba un paso entonces del orden hispánico. Tomando por modelo a los Estados Unidos yo quería la autonomía de las provincias, dándole a cada Estado su gobierno propio, su Constitución, su bandera y el derecho de elegir sus representantes, sus jueces y sus gobernadores, entre los ciudadanos naturales de cada Estado. Esto era lo que había pretendido para mi provincia y para las que me habían proclamado su protector. Hacerlo así hubiera sido darle a cada uno lo suyo. Pero los Pueyrredones y sus acólitos querían hacer de Buenos Aires una nueva Roma imperial, mandando sus pro-cónsules a gobernar a las provincias militarmente y despojadas de toda representación política, como lo hicieron rechazando los diputados del Congreso que los pueblos de la Banda Oriental habían nombrado, y poniendo precio a mi cabeza”.
Las caudillos provinciales vieron con claridad que la cuestión constitucional era un problema tanto económico como político y que mientras el Gobierno central siguiera bajo la influencia de Buenos Aires, e indirectamente de su dueña y rectora Gran Bretaña, los postulados del interior estarían inevitablemente postergados ya que la superioridad de recursos fiscales, financieros y militares de Buenos Aires harían que su influencia predominase en cualquier tipo de Gobierno nacional. Por lo tanto, para que las provincias pudieran eludir esa dominación que no pocos consideraban aún peor que la ejercida por los españoles y lograr la autonomía que reclamaban con justicia, era inevitable la utilización de la fuerza.
Los años de anarquía y guerras fratricidas que se extendieron a lo largo de gran parte del siglo XIX fueron de una extremada crueldad. Unitarios y federales saqueaban, torturaban, degollaban, empalaban. Ambos bandos hicieron una guerra sin prisioneros. Sin embargo, mientras algunos pasaron a la historia consagrada como “bárbaros”, tal el caso de Facundo Quiroga o “Pancho” Ramírez, otros, pertenecientes al bando triunfador que escribió la historia a su antojo, no perdieron su condición de “civilizados”, como José María Paz. Pero Domingo Arrieta –su oficial en la “campaña de la sierra” que sucedió a sus victorias sobre Quiroga, las que colocaron al unitarismo en posición ventajosa ante el federalismo– cuenta en sus Memorias de un soldado: “Mata aquí, mata allá, mata acullá, mata en todas partes, no había que dejar vivo a ninguno de los que pillásemos y al cabo de dos meses quedó todo sosegado”. Se calcula que fueron 2500 los muertos y desaparecidos en esta represión “civilizada”.
Tampoco Lavalle dejó fama de sanguinario. Sin embargo, es suya la proclama contra Estanislao López: “¡La hora de la venganza ha sonado! ¡Vamos a humillar el orgullo de esos cobardes asesinos! Se engañarían los bárbaros si en su desesperación imploran nuestra clemencia. Es preciso degollarlos a todos. Purguemos a la sociedad de esos monstruos. Muerte, muerte sin piedad”. También: “Derramad a torrentes la inhumana sangre para que esta raza maldita de Dios y de los hombres no tenga sucesión”. Quien no puede quedar fuera de esta lista es Domingo Faustino Sarmiento, a quien se parcializa enalteciendo su meritoria vocación educativa. En 1840, en sus instrucciones a Lamadrid, quien había traicionado a la Confederación rosista pasándose al bando unitario, escribió: “Es preciso emplear el terror para triunfar. Debe darse muerte a todos los prisioneros y a todos los enemigos. Todos los medios de obrar son buenos y deben emplearse sin vacilación alguna, imitando a los jacobinos de la época de Robespierre”. También: “A los que no reconozcan a Paz (jefe de la Liga Unitaria) debiera mandarlos ahorcar y no fusilar o degollar. Este es el medio de imponer en los ánimos mayor idea de la autoridad” (1845). La historia oficial escrita por los unitarios vencedores ha indultado a los suyos y cargado todas las tintas en sus adversarios…
En 1820 los porteños convocaron a San Martín y su ejército a atravesar Los Andes de regreso para aniquilar a los caudillos, sin parar mientes en que, si el Libertador hubiera obedecido, la campaña independista hubiese quedado trunca y la frontera oeste desguarnecida para el paso de los ejércitos realistas. Pero por entonces la oligarquía “decente” estaba más atenta a la perpetuación de su dominio que a concluir la guerra independista. Nuestra historia oficial machaca con que don José no quiso inmiscuirse en las guerras civiles, pero la verdad es que lo que no quiso fue enfrentarse con los caudillos con cuyos postulados coincidía y con quienes sostenía una cálida epistolaridad. Ello, más su desobediencia, más su excelente relación con Juan Manuel de Rosas, más su clara propensión hacia el federalismo, le ganaron muchos enemigos poderosos y lo obligaron a un destierro que duró hasta el fin de sus días.
Cuando se produjo la Revolución de Mayo los “notables” o “decentes” de Buenos Aires se consideraron herederos naturales y únicos del puerto, es decir de las rentas que producía su Aduana, los únicos ingresos significativos de las flamantes Provincias Unidas del Río de la Plata, como entonces se llamaba a lo que a la larga sería nuestra Argentina.
Concebían a Mayo como un movimiento municipal al que debían integrarse las demás provincias, cuyos habitantes eran considerados por la dirigencia porteña como “bárbaros”, condenados a la ignorancia por los largos años de despiadada colonización, por lo que su único aporte reconocible era constituir la soldadesca de los ejércitos patriotas pero negándoles en la práctica toda capacidad estratégica o intelectual. Salvo aquellos provenientes de la clase dominante provincial como el del cordobés deán Funes, en un principio, o del puntano Pueyrredón, poco más adelante, quienes terminaron “aporteñándose”, absorbidos por los tejes y manejes de los logistas (integrantes de la sociedades secretas ligadas a la masonería), de los rivadavianos (unitarios luego rebautizados liberales –lo eran en lo económico pero autoritarios en lo político–) o de los directoriales (partidarios de la autoridad única y supraprovincial del Director Supremo).
En consecuencia para muchos, que comenzaron a identificarse como “unitarios”, la idea de la construcción del concepto de Nación y la necesaria eficiencia revolucionaria para consolidarla estaban unidas a la “inevitabilidad” del poder político centralizado en una casta de “posibles” porteños y sus asociados del interior. La oposición a esta actitud, perjudicial para los intereses de las provincias y principalmente de sus sectores populares, plasmó en una tendencia política, en una serie de principios que constituyeron el “federalismo” o doctrina de los estados libres en un Estado nacional no centralizado políticamente. En íntima relación con este surgimiento se asocia la figura de los caudillos cuyo liderazgo surgía naturalmente de una plebe que se sentía representada por ellos.
El puerto no sólo recaudaba y no compartía sino que a su antojo podía disponer que los productos importados no pagasen impuestos con lo que perjudicaba a las artesanías e industrias provinciales. El Gobierno de Buenos Aires, presionado por los ingleses y los comerciantes, autoriza en 1811 la libre exportación de oro y de plata amonedados. Esta medida no sólo descapitaliza al país, sino que eleva los precios de los artículos de consumo. Ya en el primer Triunvirato, cuyo inspirador es su secretario Rivadavia, se permitirá el ingreso al país del carbón europeo, se rebajarán los derechos aduaneros para los tejidos extranjeros y se abrirán las puertas de la aduana a numerosos artículos que entraban en competencia ruinosa con los productos de nuestras industrias territoriales. Los comerciantes extranjeros eran, a su vez, igualados en derechos con los comerciantes criollos. Se sancionaba de este modo la preeminencia del capital comercial inglés sobre Buenos Aires y del poder económico del puerto sobre el Interior. Mayo había sido copada por los oligarcas iluminados de Buenos Aires, identificados con los intereses del imperio británico.
Un poncho inglés de libre importación, por ejemplo, costaba tres pesos mientras el mismo artículo elaborado en telares criollos alcanzaba los siete pesos. Si una vara de algodón británico se compraba a un real y medio, el chaqueño o misionero a dos y tres cuartos. “Los productos de las ferreterías de Sheffield, de las alfarerías de Worcester y Staffordshire y de los telares de Manchester inundaban irresistiblemente el mercado argentino, con la imitación exacta y estandarizada de los artículos criollos” (J. Álvarez).
Esta circunstancia no era nueva, se arrastraba desde la época de la colonia, como lo demuestra una carta del síndico del Consulado, Yánez, al virrey Cisneros, en 1809, alegando a favor del monopolio comercial de España y en contra de la libertad de comercio, rescatada por J. M. Rosa: “Sería temeridad querer equilibrar la industria americana (colonial) con la inglesa. Estos sagaces maquinistas nos han traído ya ponchos, que es el principal ramo de la industria cordobesa y santiagueña, y también estribos de palo al uso del país. Los pueden dar más baratos y por consiguiente arruinarán nuestras fábricas y reducirán a la indigencia a una multitud de hombres y mujeres que se mantiene con sus hilados y sus tejidos, en forma que donde quiera se mire no se verá más que desolación y miseria”. Producida la Revolución de Mayo y el fin del dominio español, los “decentes” porteños no modificaron esta situación sino que sustituyeron a la metrópoli colonial que había concentrado la salida del comercio de todas las provincias en el puerto de Buenos Aires para de esa manera hacer más efectivo el control monopolista.
El caudillo era alguien investido de poder y prestigio por los suyos que reconocían en él a un líder que era capaz de conducirlos eficazmente en la lucha por intereses o principios que compartían. Nuestra historia liberal, plasmada por los unitarios vencedores en la guerra civil, los condenó al sótano de sus “malditos”, pintándolos como bárbaros, crueles e ignorantes, castigándolos en la memoria colectiva de argentinas y argentinos por su oposición a los “civilizados”, en la disyuntiva planteada con su habitual brutalidad semántica por Sarmiento. Lo cierto es que la escasa base económica de su accionar, por las razones apuntadas, hacía que la posibilidad de financiar sus montoneras y sus necesidades en armas, animales y bastimentos se basara en la imposición de fuertes contribuciones obligatorias en los territorios que dominaban, como así también al saqueo, que muchas veces funcionaba como la paga a sus hombres.
Pero su barbarie no sería mayor que la de sus enemigos, que también exprimían y saqueaban, y en algunos casos fueron insólitamente humanitarios, como haber conservado la vida de su principal enemigo, el jefe de la Liga Unitaria, José María Paz, luego de caer prisionero de Estanislao López, quien lo enviaría a Buenos Aires para que Rosas decidiese sobre su suerte.
La lucha de los unitarios de la ciudad-puerto que aspiraba a ser Europa contra los provincianos fuertemente arraigados en lo criollo tenía también claras connotaciones de lucha de clases, como lo atestiguaría el lúcido caudillo santiagueño Felipe Ibarra el 16 de julio de 1831 al justificar un impuesto a los “decentes” de la capital provincial “para hacer que la pensión gravite únicamente sobre personas que espontáneamente se prestaban a no omitir sacrificio alguno a fin de sostener la anterior administración, cuyo manejo abolía la justicia social y destruía la especie humana”. Todo indica que es esta la primera oportunidad en que en nuestra historia aparece el concepto de “justicia social”.
También Sarmiento, cuya condición de vocero implacable del porteñismo le ganaría el apodo de “profeta de la Pampa” a pesar de haber nacido en los Andes sanjuaninos, confirmaría el clivaje social de nuestras guerras civiles, en un discurso en el Senado en 1866: “Cuando decimos ‘pueblo’ entendemos los notables, activos, inteligentes: clase gobernante. Somos gentes decentes. Patricios a cuya clase pertenecemos nosotros, pues no ha de verse en nuestra Cámara ni gauchos, ni negros, ni pobres. Somos la gente decente, es decir, patriota”. Eran los unitarios de siempre que por entonces se habían rebautizado como “liberales”, aunque su similitud con los liberales europeos se agotaba en lo económico por cuanto en lo político fueron violentos y tiránicos en la medida necesaria para imponer sus ideas y sus intereses.
Es cierto que algunos caudillos no brillaron por su formación cultural, tal el caso de Francisco Ramírez, quien por eso mismo, quizás, hizo de la educación una de sus grandes preocupaciones como gobernante. Otros como Juan Bautista Bustos y Alejandro Heredia eran militares de carrera; el segundo, además, graduado en leyes. La correspondencia de Juan Facundo Quiroga revela un espíritu sutil y una redacción refinada. Estanislao López estaba lejos de ser una inteligencia tosca y se propuso organizar institucionalmente su estado y promovió en 1819 la sanción de una Constitución provincial, decididamente democrática y federal.
En 1819 el Congreso Nacional que sesionaba en Buenos Aires luego de trasladarse desde Tucumán, mientras enviaba emisarios secretos a negociar con el emperador portugués en Río de Janeiro la incorporación de las Provincias Unidas al Imperio, también a la corona francesa urdiendo la entronización de un príncipe europeo en el Río de la Plata, como lo veremos en otros capítulos.
Los caudillos no fueron ángeles ni diablos. Fueron personalidades capaces de encarnar el signo de su época: la oposición más o menos organizada de algunas provincias contra la obsesión porteña por enviar ejércitos que las sujetaran, por entronizar príncipes extranjeros, por dictar reglamentos y constituciones cuyo objetivo era acerar el privilegio de Buenos Aires y privar a los pueblos del Interior de alguna participación en los beneficios del puerto y su aduana, por ser indiferente al perjuicio que el libre comercio y la introducción sin recargos de mercadería industrializada en países europeos producía en las rústicas economías del Interior. También por considerarlos enemigos a destruir cualquier fuese el método, como fue desviar en su contra ejércitos armados para enfrentar a los realistas como fue el caso del caudillo salteño Miguel Martín de Güemes o llegar a inicuos acuerdos con el invasor portugués con tal de aniquilar al oriental José Gervasio de Artigas.
Este, ya anciano, al recibir en su retiro paraguayo de Curuguaty la visita del general José María Paz, le explicó su versión de la inquina porteña en su contra: “Yo no hice otra cosa que responder con la guerra a los manejos tenebrosos del Directorio y a la guerra que él me hacía por considerarme enemigo del centralismo, el cual sólo distaba un paso entonces del orden hispánico. Tomando por modelo a los Estados Unidos yo quería la autonomía de las provincias, dándole a cada Estado su gobierno propio, su Constitución, su bandera y el derecho de elegir sus representantes, sus jueces y sus gobernadores, entre los ciudadanos naturales de cada Estado. Esto era lo que había pretendido para mi provincia y para las que me habían proclamado su protector. Hacerlo así hubiera sido darle a cada uno lo suyo. Pero los Pueyrredones y sus acólitos querían hacer de Buenos Aires una nueva Roma imperial, mandando sus pro-cónsules a gobernar a las provincias militarmente y despojadas de toda representación política, como lo hicieron rechazando los diputados del Congreso que los pueblos de la Banda Oriental habían nombrado, y poniendo precio a mi cabeza”.
Las caudillos provinciales vieron con claridad que la cuestión constitucional era un problema tanto económico como político y que mientras el Gobierno central siguiera bajo la influencia de Buenos Aires, e indirectamente de su dueña y rectora Gran Bretaña, los postulados del interior estarían inevitablemente postergados ya que la superioridad de recursos fiscales, financieros y militares de Buenos Aires harían que su influencia predominase en cualquier tipo de Gobierno nacional. Por lo tanto, para que las provincias pudieran eludir esa dominación que no pocos consideraban aún peor que la ejercida por los españoles y lograr la autonomía que reclamaban con justicia, era inevitable la utilización de la fuerza.
Los años de anarquía y guerras fratricidas que se extendieron a lo largo de gran parte del siglo XIX fueron de una extremada crueldad. Unitarios y federales saqueaban, torturaban, degollaban, empalaban. Ambos bandos hicieron una guerra sin prisioneros. Sin embargo, mientras algunos pasaron a la historia consagrada como “bárbaros”, tal el caso de Facundo Quiroga o “Pancho” Ramírez, otros, pertenecientes al bando triunfador que escribió la historia a su antojo, no perdieron su condición de “civilizados”, como José María Paz. Pero Domingo Arrieta –su oficial en la “campaña de la sierra” que sucedió a sus victorias sobre Quiroga, las que colocaron al unitarismo en posición ventajosa ante el federalismo– cuenta en sus Memorias de un soldado: “Mata aquí, mata allá, mata acullá, mata en todas partes, no había que dejar vivo a ninguno de los que pillásemos y al cabo de dos meses quedó todo sosegado”. Se calcula que fueron 2500 los muertos y desaparecidos en esta represión “civilizada”.
Tampoco Lavalle dejó fama de sanguinario. Sin embargo, es suya la proclama contra Estanislao López: “¡La hora de la venganza ha sonado! ¡Vamos a humillar el orgullo de esos cobardes asesinos! Se engañarían los bárbaros si en su desesperación imploran nuestra clemencia. Es preciso degollarlos a todos. Purguemos a la sociedad de esos monstruos. Muerte, muerte sin piedad”. También: “Derramad a torrentes la inhumana sangre para que esta raza maldita de Dios y de los hombres no tenga sucesión”. Quien no puede quedar fuera de esta lista es Domingo Faustino Sarmiento, a quien se parcializa enalteciendo su meritoria vocación educativa. En 1840, en sus instrucciones a Lamadrid, quien había traicionado a la Confederación rosista pasándose al bando unitario, escribió: “Es preciso emplear el terror para triunfar. Debe darse muerte a todos los prisioneros y a todos los enemigos. Todos los medios de obrar son buenos y deben emplearse sin vacilación alguna, imitando a los jacobinos de la época de Robespierre”. También: “A los que no reconozcan a Paz (jefe de la Liga Unitaria) debiera mandarlos ahorcar y no fusilar o degollar. Este es el medio de imponer en los ánimos mayor idea de la autoridad” (1845). La historia oficial escrita por los unitarios vencedores ha indultado a los suyos y cargado todas las tintas en sus adversarios…
En 1820 los porteños convocaron a San Martín y su ejército a atravesar Los Andes de regreso para aniquilar a los caudillos, sin parar mientes en que, si el Libertador hubiera obedecido, la campaña independista hubiese quedado trunca y la frontera oeste desguarnecida para el paso de los ejércitos realistas. Pero por entonces la oligarquía “decente” estaba más atenta a la perpetuación de su dominio que a concluir la guerra independista. Nuestra historia oficial machaca con que don José no quiso inmiscuirse en las guerras civiles, pero la verdad es que lo que no quiso fue enfrentarse con los caudillos con cuyos postulados coincidía y con quienes sostenía una cálida epistolaridad. Ello, más su desobediencia, más su excelente relación con Juan Manuel de Rosas, más su clara propensión hacia el federalismo, le ganaron muchos enemigos poderosos y lo obligaron a un destierro que duró hasta el fin de sus días.
En la convocatoria federal se plantea el tema del proteccionismo a la producción y a los cultivos del interior. Su principal promotor será Pedro Ferré, gobernador de Corrientes, quien requirió a Rosas que modificara urgentemente la política de tarifas de Buenos Aires. Ferré era un progresista que introdujo la primera imprenta en su provincia, estableció la circulación del papel moneda, implantó el sistema lancasteriano en la enseñanza y creó una escuela de primeras letras en cada cabeza de partido.
También presentó la moción de nacionalizar los ingresos aduaneros y permitir la libre navegación de los ríos, declarando que debía autorizarse a otros puertos, además del de Buenos Aires, a operar directamente con el comercio exterior, disminuyendo así las distancias y costos del transporte hacia las provincias. Tales exigencias tradicionales del federalismo fueron acompañadas por otras: Rosas debía permitir a las provincias que participaran en el control del comercio exterior con el objeto de reemplazar el liberalismo económico porteño por una política proteccionista que promoviese la agricultura y la industria en las provincias prohibiendo la importación de productos que se obtenían en el país.
“Sin duda un corto número de hombres de fortuna padecerán, porque se privarán de tomar en su mesa vinos y licores exquisitos (…) Las clases menos acomodadas no hallarán mucha diferencia entre los vinos y licores que actualmente beben sino en el precio y disminuirán el consumo, lo que no creo sea muy perjudicial.
“No se pondrán nuestros paisanos ponchos ingleses, no llevarán bolas ni lazos hechos en Inglaterra, no vestiremos ropas hechas en extranjería pero en cambio empezará a ser menos desgraciada la condición de pueblos enteros de argentinos y no nos perseguirá la idea de la espantosa miseria a que hoy son condenados”. En la Argentina, todavía sin conciencia de Nación, se comenzaban a discutir temas esenciales que aún hoy tienen acuciante actualidad.
José María Roxas y Patrón, el delegado porteño, replicó en un extenso memorándum afirmando la política de Buenos Aires. Los impuestos de protección, decía, golpeaban al consumidor y no ayudaban realmente a las industrias locales si éstas no eran competitivas y capaces de abastecer las demandas de la nación. La economía pastoral, base de la economía nacional, dependía de tierras baratas, bajos costos de producción y demanda de cueros por parte de los mercados extranjeros. La protección elevaría los precios, aumentaría los costos y dañaría el comercio de exportación. Los que podían beneficiarse con la protección, aparte de la economía ganadera, eran una pequeña minoría. El derecho porteño a la centralización aduanera se explicaba también, lo que no estaba lejos de la verdad, porque “es un hecho que Buenos Aires paga la deuda nacional contraída por la guerra de la independencia y por la que últimamente se ha tenido con el Brasil”.
Años después don Juan Manuel cederá ante el reclamo proteccionista. De otra manera le hubiese resultado muy difícil mantener su condición de jefe federal. En la “Ley de Aduanas” del 18 de diciembre de 1835 , Rosas introdujo una tabla arancelaria significativamente elevada. Partiendo de un impuesto básico de importación del 17% las cifras aumentaban para dar mayor protección a los productos más vulnerables hasta alcanzar la absoluta prohibición. Las importaciones vitales, como el acero, el latón, el carbón y las herramientas agrícolas pagaban un impuesto del 5%. El azúcar, las bebidas y productos alimenticios pagaban el 24%. El calzado, ropas, muebles, vinos, coñac, licores, tabaco, aceite y algunos artículos de cuero pagaban el 35%. La cerveza, la harina y las papas el 50%. Los sombreros estaban gravados en 13 pesos cada uno. Se prohibió la importación de un gran número de artículos, incluidos los textiles y productos de cuero; también de trigo cuando el precio local cayó por debajo de los 50 pesos por fanega.
Fue ésta una de las razones de la invasión europea a la Argentina en 1838 y 1845 para poner en caja a ese gobernante de un país lejano, pobre y desarmado que pretendía desobedecer las reglas de libertad de comercio que los imperialismos imponían al resto del mundo como dogma.
El país que proponía la oligarquía portuaria, que privilegiaba lo europeo por sobre lo nacional, que daba por sentado sus derechos a apropiarse de toda la renta aduanera y portuaria, que despreciaba la raza que habitaba el territorio, terminaría por imponerse luego de la polémica batalla de Pavón en la que las fuerzas provinciales al mando de Urquiza cedieron, hasta hoy, el terreno a las porteñas de Mitre.
La acusación de que los caudillos se oponían a dar una constitución al país, imputación que sí alcanza a Rosas, es injusta ya que “los pactos preexistentes” a los que se refiere el Preámbulo de nuestra constitución nacional fueron, en su casi totalidad, acuerdos interprovinciales firmados por los caudillos en su condición de gobernadores. Lo que estos rechazaron fueron los intentos constitucionales unitarios propuestos por los “decentes” del puerto, en 1819 y 1826. El primero porque no disimulaba la prepotencia hegemónica de la burguesía comercial porteña que pretendía legitimar con letra escrita el haber sustituido a España como nueva metrópoli colonizadora del resto de las provincias. También porque desnudaba la posibilidad de acomodar sus cláusulas a una constitución monárquica que acompañase a la instauración de Carlos de Borbón, duque de Lucca, si prosperaban las negociaciones que por entonces llevaban adelante, secretamente, los directoriales. El Director Supremo Pueyrredón fue obligado a renunciar por la indignación popular cuando trascendieron las maquinaciones. En cuanto a la de 1826 consagró arbitrariamente como presidente de la Nación a Rivadavia sin la anuencia de las provincias en un acto viciado de nulidad porque el congreso que sancionó dicha ley tenía sólo atribuciones constituyentes. Pero lo que más indignó a los federales fue su contenido centralista que, por ejemplo, pretendió legitimar, lo que sucedía con frecuencia por el uso de la fuerza, que los gobernadores provincianos serían designados por el “presidente”.
Caído Rivadavia por la suma de corruptelas y arbitrariedades rematadas por la ominosa entrega de la Banda Oriental al Brasil, asumió Manuel Dorrego ya no como presidente sino como gobernador de Buenos Aires. Dorrego, representante de Santiago del Estero en la Legislatura, partidario del federalismo que había conocido y estudiado durante su destierro en Baltimore, convocó a las provincias para darse una carta constituyente que respetase los derechos de las provincias. Lamentablemente su ominoso asesinato, de tan nefastas consecuencias para el curso de nuestra Historia, frustró el intento.
Los pactos interprovinciales dieron alguna precaria articulación a las Provincias del Plata y evitaron que el territorio original del virreinato se disgregara más allá de la autonomía del Paraguay firmada el 12 de octubre de 1811, a la que seguiría, con la insólita desaprensión de los unitarios a quienes sólo importaba el puerto y la pampa húmeda y su vinculación con Europa, la separación del Alto Perú, hoy Bolivia, el 8 de agosto de 1825. Más tarde sería la Banda Oriental independizada por presión de Gran Bretaña y anuencia de los rivadavianos en 1828.
La idea de Rosas era que el dictado de una Constitución no sólo no respondería a una realidad de un territorio disgregado sin referente nacional, sino que favorecería a los partidarios del centralismo, lo que agravaría los conflictos, como efectivamente sucedió durante los diez años de sangrienta anarquía que siguieron a Caseros y que se resolvieron, también sangrientamente, por la consiguiente represión militar a cualquier atisbo de federalismo. El realismo del Restaurador lo inclinaba por los pactos interprovinciales que tejerían una Confederación en la que los estados garantizaban el recíproco interés en la convivencia pacífica, el derecho a la designación de sus propias autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, a formar sus propios ejércitos promoviendo asimismo la unidad militar nacional ante la agresión externa, la representación común para los asuntos exteriores, pero guardando siempre sus propias independencias para revisar las condiciones pactadas y denunciar los acuerdos si fuera necesario. De ello devenía también que el centro de la política argentina dejaba de residir en Buenos Aires que también vería su exclusividad en la recaudación aduanera. Era prácticamente la consumación de las instrucciones artiguistas, decididas por el voto popular sin exclusiones en el “Congreso de Tres Cruces” , a la Asamblea del año XIII.
Así le escribió Rosas al santafesino López: “Todo lo que no se haga por tratados amistosos en que obre la buena fe, el sincero deseo de unión, y un conocimiento exacto de los intereses generales aplicado con prudencia a las circunstancias particulares será siempre efímero, nulo para el bien, y sólo propicio para multiplicar nuestros males”. Nada que fuera impuesto por los doctores sabihondos exiliados en Montevideo, que habían abrevado en textos de quienes eran ajenos a las especificidades de un pueblo que estaba mayoritariamente compuesto por gauchos, mulatos, indios, orilleros y un territorio que se extendía mucho más allá del puerto.
El respeto de la voluntad popular por parte de don Juan Manuel y que caracterizó al caudillaje federal al que representaba fue evidente cuando, luego de Barranca Yaco, se lo convocó otra vez para poner dique a la amenaza de anarquía y entonces exigió que se llamase a un plebiscito del que nadie estaría excluido de votar para consultar si el pueblo estaba de acuerdo. Su clara intención era comprobar, también demostrar, que su designación no la debería a los “decentes”. De 9520 sufragios sólo hubo 9 en contra. El nombre de plebiscito era adecuado, pues por primera vez en la historia de Buenos Aires se convocó a votar a la plebe, es decir que de él participaron todos los ciudadanos sin distinción de clases sociales. Antes de ello ya Güemes había convocado a elecciones sin restricciones de clases sociales para consagrarse gobernador de Salta y Artigas lo había hecho también para consensuar decisiones tácticas y estratégicas. Ambos habían realizado, por primera vez en Latinoamérica, reformas agrarias en las que, como podía leerse en el Reglamento del caudillo oriental, se repartían las propiedades de “malos europeos y peores americanos”, adversarios de la revolución patriota, siendo así leales con las bases populares del artiguismo. Se decidió que “los más infelices serían los más privilegiados” según estableció el bando difundido y se incluyó en el reparto a “los negros libres, los zambos de toda clase, los indios y los criollos pobres”.
En el texto del Pacto Federal de 1831 se preveía la convocatoria de un Congreso General Federativo de propósito constitucional pero no era intención de Rosas convocarlo a la brevedad, como es claro en otra carta a López: “No conviene apresurarnos. Primero es sembrar cosechar la paz y afianzar el reposo; esperar la calma e inspirar recíprocas confianzas antes de aventurar la quietud pública”. Sus ideas al respecto están esclarecidas en la célebre carta de la Hacienda de Figueroa que quedó manchada con sangre cuando Facundo fue asesinado. El poder político, económico y cultural debía residir lejos del alcance de los liberales porteños y de sus amos imperiales para consolidar una independencia verdadera y no retórica y declamatoria.
La postergación de los caudillos federales en la memoria argentina se hace evidente en la capital, Buenos Aires, donde ninguna de sus calles lleva el nombre de López, Ramírez, Ibarra, Peñaloza, Varela o Bustos. Mucho menos el de Rosas. Porque no sólo fueron derrotados en los campos de batalla sino, fundamentalmente, en nuestra historia consagrada. A ello se refirió Sarmiento en su carta a Nicolás Avellaneda del 16 de diciembre de 1865, desde Nueva York: ”Necesito y espero de su bondad me procure una colección de tratados argentinos, hecha en tiempos de Rosas, en que están los tratados federales, que los unitarios han suprimido después con aquella habilidad con que sabemos rehacer la historia”.
